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Analizamos las recomendaciones propuestas por agentes inmobiliarios y consejos generales para la regulación de alquileres temporales en España y cómo esta regulación podría beneficiar al mercado.
Tras la reciente convocatoria del Gobierno para explorar la regulación de los alquileres temporales en España, diversos actores del ámbito inmobiliario como el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), la FADEI y el Consejo General de los COAPI de España se han reunido para discutir las prácticas actuales y sugerir mejoras.
Durante la sesión, se enfatizó la importancia de mantener la naturaleza jurídica y funcional actual de los alquileres temporales como solución necesaria para demandas específicas como estudiantes, profesionales temporales y necesidades médicas.
La creciente popularidad de los alquileres temporales, que ya representan el 11% del mercado y han visto un incremento anual de 56%, contrasta con una caída del 15% en los alquileres permanentes, evidenciando una posible insatisfacción con la legislación existente para los arrendamientos habituales.
El Consejo General de los COAPI señala como causa la inadecuada regulación actual, sugiriendo mejorar la legalidad contractual para evitar potenciales fraudes a raíz de la nueva Ley de Vivienda.
Alquiler Seguro propone incluir específicamente en la LAU el alquiler temporal a fin de diferenciarlo claramente del arrendamiento tradicional, prescribiendo requisitos mínimos que reflejen el motivo del uso temporal, la duración contractual y la residencia habitual del inquilino, alineándose con los criterios del Tribunal Supremo y las Audiencias Provinciales.
Para evitar abusos, deben detallarse específicamente las razones que justifican dicho alquiler, y delimitar su vigencia acorde al propósito del arrendamiento. La inclusión del hogar permanente del inquilino y una regulación y sanción efectivas son medidas recomendadas para robustecer su práctica legal.
Si bien la modalidad temporal ofrece ventajas para los propietarios, como estipulación libre de rentas y recuperación efectiva de la vivienda, también entraña riesgos. La Agencia Negociadora del Alquiler enfatiza que los contratos deben justificar la temporalidad de manera legítima y no meramente por la duración del contrato.
Los arrendamientos que no plantean de forma explícita y justificada su temporalidad están sujetos a convertirse en arrendamientos convencionales, lo cual podría conllevar prórrogas forzosas y restricciones en la actualización de rentas, aspectos que pueden sorprender a los propietarios si no se asientan en un marco legal transparente.
